Como medida de bioseguridad necesaria, Cuba cerró sus fronteras desde el 24 de marzo de 2020 y solo se permitieron algunos vuelos de índole humanitaria y comercial. No obstante la continuidad de la pandemia ocasionada por la COVID-19, las autoridades gubernamentales informaron sobre la reapertura de los aeropuertos a partir de octubre del presente año.

El país ya tenía implementada una estrategia, que daba cumplimiento a las orientaciones en materia de bioseguridad necesarias para enfrentar esta enfermedad. Si bien la entrada al país de viajeros procedentes del exterior constituye un rubro importante para la economía, es también un riesgo no despreciable para la estabilidad de la salud a nivel nacional si las medidas establecidas para estos casos no se cumplen.

Esta situación ha de ser afrontada mediante una estrategia transdisciplinaria entre las ciencias médicas, jurídicas, económicas, de la comunicación y la psicología, entre otras; para conjugar los importantes roles que todas cumplen en la conducción de los procesos sociales en el actual contexto sanitario. Para ello, es de suma importancia el enfoque ante esta grave situación epidemiológica y la actuación eficiente a partir de la utilización de los aportes científico-metodológicos que con anterioridad se obtuvieron y los que en la marcha se logren.

Se estima la entrada al país, en lo que resta del año 2020 y principios del 2021, de aproximadamente 15 000 viajeros. De ellos, una gran parte son nacionales residentes en otros países o radicados en Cuba. Estas personas tienen que cumplir con los protocolos establecidos para el enfrentamiento a la COVID-19.

Los viajeros de cualquier procedencia y destino, son valorados por el personal médico en frontera y se les realiza un primer análisis de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por el acrónimo en inglés de polymerase chain reaction). Después, se dirigen  a sus destinos, en hoteles, casas de renta o casas de familia, donde deben mantener un período de aislamiento riguroso con vigilancia médico-epidemiológica. La prueba PCR se les repite al quinto día de estancia en el país. Estas acciones se realizan para identificar rápidamente al enfermo, aislarlo, tratarlo y evitar la transmisibilidad en la comunidad.

Los equipos básicos de salud, conformados por el médico y la enfermera de la familia, y los inspectores sanitarios estatales en cada territorio, tienen la responsabilidad de mantener seguimiento estricto al cumplimiento de las medidas implementadas a los viajeros que arriban a la comunidad y casas de renta. Igualmente sucede en los hoteles, donde es imprescindible la observancia de los protocolos sanitarios establecidos para estos casos. Todas estas acciones están respaldadas legalmente, según la legislación vigente, para facultar las actuaciones de los inspectores sanitarios estatales y las autoridades de salud pública.

Si bien estas medidas están bien estipuladas, es criterio de los autores que aún subyace irresponsabilidad en algunos ciudadanos –viajeros, arrendatarios y familiares–, al no dar crédito a la importancia de su cumplimiento. Múltiples son los ejemplos a destacar, en los cuales se pone de manifiesto la indisciplina social por no mantener el aislamiento físico, como medida demostrada para evitar el contagio.

Según los reportes de los últimos días, de los casos positivos confirmados, 50 % o más son procedentes del exterior. Ello pone en evidencia el control estricto a desarrollar sobre los viajeros con la intervención intersectorial y la imbricación de todas las entidades gubernamentales –estén o no directamente relacionadas con la salud– y la participación comunitaria, donde la población y sus organizaciones jueguen un papel preponderante.

Vea el artículo completo en: Santos-León M, Mirabal-Requena   JC, Álvarez-Escobar B. El reto actual del control de los viajeros frente a la COVID-19. Rev. MediCiego. 2020; 26: e2978 http://www.revmediciego.sld.cu/index.php/mediciego/article/view/2978/3009