El acceso universal a la vacunación, y a una vacuna segura contra el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad denominada COVID-19, está sustentado en el imperativo ético de garantizar los derechos humanos, especialmente los de preservar la salud y la vida de la especie humana. La vacuna contra el virus SARS-CoV-2 tiene como intención principal mantener saludable a la población, reabrir las economías, volver a fortalecer los sistemas sociales, y reorientar la atención médica hacia la normalidad.
El imperativo ético consistió en crear una vacuna que cumpliese con el objetivo fundamental: la salud humana. Los diversos grupos de investigación científica en el mundo se han involucrado en una carrera por llegar a tal objetivo, apoyados financieramente por firmas farmacéuticas y muchos gobiernos del orbe. De este modo, surge un primer dilema ético: el desarrollo de pruebas diagnósticas y la producción de vacunas que podrían resultar éticamente dudosas, médicamente peligrosas y socialmente volátiles, frente a la naturaleza urgente y necesaria de estas medidas para la supervivencia de la especie humana.
Las poblaciones orientadas por la experiencia en la vacunación infantil, partieron de la preconcepción que la vacuna contra la COVID-19 erradicaría el virus, así como sucedió con la viruela y la peste bovina gracias a los programas implementados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1974 y la Alianza para la Vacunación (Gavi, The Vaccine Alliance, por su acrónimo en inglés) en el 2000.
En realidad, las vacunas propuestas contra la COVID-19 permiten modular el curso de la enfermedad, al igual que las propuestas para enfermedades no trasmisibles –como las vacunas terapéuticas contra el cáncer– y los objetivos potenciales futuros, los cuales incluyen la adicción, la diabetes, la hipertensión y la enfermedad de Alzheimer.(2) De este modo, aparece un segundo dilema ético: las expectativas de la población frente a lo realmente alcanzado hasta ahora.
Para enfrentar la COVID-19 y sus consecuencias, el proceso de vacunación es una de las más contundentes políticas de contención, junto a la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento social y el confinamiento, medidas para evitar la propagación de una enfermedad contagiosa como la que ha afectado a la humanidad los últimos dos años.
Sin embargo, estas estrategias de afrontamiento se han convertido en un potente factor que agrava la crisis económica y financiera, pues se espera que afecten el producto interno bruto (PIB), lo cual agudizará los problemas asociados al empleo, la desigualdad y la pobreza. Ahora bien: para ciertos sectores económicos, se presumía que el programa de vacunación mundial lograría abrir las puertas a la reactivación económica, por lo que es en estas circunstancias que se presenta el dilema del cuidado de la salud frente a los determinantes sociales y económicos.
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